03 Jul Administraciones y operadores coinciden en la necesidad de agilizar los despliegues de red y aplicar las leyes de protección urbanística ‘con sentido común’
Primer webinar sobre Políticas públicas para fomentar inversión en infraestructuras digitales organizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
Administraciones y operadores de telecomunicaciones han coincidido hoy en la necesidad de agilizar los despliegues de red. Algo que pasa por cuatro pilares: diálogo, un mayor asesoramiento a los municipios pequeños, hacer reformas que permitan acelerar la creación de redes y aplicar las normas de protección del patrimonio ‘con sentido común’.
Son algunas de las conclusiones del primer webinar sobre ‘Políticas públicas para fomentar inversión en infraestructuras digitales’ organizado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El encuentro ha estado presidido por la directora general de Telecomunicaciones, Maite Arcos. Y en él han participado el presidente de Aotec, Antonio García Vidal y la directora general de DigitalEs, Alicia Richart, en representación de los operadores.
También han estado presentes el director de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla-La Mancha, Alipio García y el secretario general del Ayuntamiento de Toledo, Jerónimo Martínez, y el coordinador de administraciones públicas de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Mineco), Miguel Valle. El debate ha estado moderado por Pedro Alonso Manjón, subdirector general de Operadores de Telecomunicaciones del Mineco.
Arcos ha abierto el encuentro online, al que han asistido más de 200 personas, destacando que España ocupa el segundo puesto de Europa en redes de banda ancha de más de 100Mb. Sólo la supera Letonia, con la que “España no tiene parangón” al ser mucho más extensa, con baja densidad de población y orografía compleja. Pese a estas dificultades, hay un 80% de penetración de banda ancha, frente al 44% de Francia, al 11% de Alemania o al 10% de Gran Bretaña. Para la directora general, esto constituye un “éxito colectivo” de los sectores público y privado.
Coordinación
La directora general considera que ha contribuido a un rápido despliegue una pronta regulación de las telecomunicaciones. A esto se suma a que la ley actual establece la coordinación entre administraciones estatal, autonómica y local. “Si no hay coordinación, el sistema falla”, ha asegurado.
Arcos ha señalado que su departamento trabaja en un Plan de Comunicaciones Electrónicas que llegará tras la lección “práctica y dolorosa” del Covid-19. La pandemia ha demostrado la capacidad de la red, la posibilidad de teletrabajar y la necesidad de reforzar la conectividad a zonas rurales. En este sentido, ha recordado que se acaba de autorizar una nueva fase de ayudas PEBA por 150 millones de euros.
Más asesoramiento a municipios pequeños
Por su parte, los representantes de los operadores, tanto el presidente de Aotec, Antonio García Vidal, como la directora general de DigitalES, Alicia Richart, coincidieron en instar a que Gobierno y comunidades autónomas mejoren la información y el asesoramiento a los municipios más pequeños. Recuerdan que muchos de ellos desconocen la Ley de Telecomunicaciones, por lo que sus normativas no están adaptadas y los despliegues se demoran sustancialmente. Una cuestión que se reconoció desde el propio ministerio por Miguel Valle, abogando por el diálogo para continuar impulsando la conectividad.
Richart ha señalado que los ayuntamientos deben asumir que las telecomunicaciones experimentan evoluciones significativas, a diferencia de otras infraestructuras como las hídricas. Y por tanto, esto se debe reflejar en sus normativas urbanísticas y tener capacidad de adaptación.
Por su parte García Vidal ha destacado la necesidad de potenciar la figura de los ingenieros de telecomunicaciones como referentes en prestar orientación. “Si los pequeños municipios siguen sin tener un buen asesoramiento, continuarán las denegaciones. Esto tiene que cambiar”, en especial en una situación como la actual, con posibles rebrotes del Covid y la necesidad imperiosa de conectividad como medio de salvaguardar la economía. “Es necesario un pacto por la digitalización del país”, ha apostillado.
Por lo que respecta a la normativa, hasta el momento, a nivel regional han actualizado sus legislaciones durante el Covid para agilizar los despliegues las comunidades de Andalucía y Madrid, mientras Castilla-La Mancha está culminando la suya, que aprobará en breve. En el caso de Extremadura, ha optado por flexibilizar su ley de Patrimonio. Desde el Gobierno Valle considera aún “existe margen para alinear las normativas de protección del patrimonio y la ley de telecomunicaciones y potenciar el despliegue.
Cascos históricos. Toledo, caso de éxito
Tanto operadores como administraciones coincidieron en que hay que conjugar la protección de los cascos históricos y la necesidad de la población de conexión.
El ayuntamiento de Toledo es un caso de éxito en este sentido, dado que ha impulsado la realización de despliegues soterrados, se ha primado la “zanja única” coordinando la canalización de todo tipo de infraestructuras y ha sido inflexible en los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC). Por el contrario, se ha permitido instalar cables aéreos de forma “excepcional” allí donde ya existían canalizaciones de red de cobre.
El secretario general del consistorio toledano ha explicado que la dimensión de un cable de fibra óptica es mucho menor que la de uno de cobre, con un impacto visual mínimo. “Hay que aplicar las normas conforme a los tiempos” y llegar a “compromisos”. Asimismo, ha abogado por una “discriminación positiva” hacia las empresas de telecomunicaciones en los cascos históricos frente a otras infraestructuras. Por último, ha instado a los grandes operadores a “dejar de ver el IBEX y ver más al ciudadano”, en referencia al mayor coste del despliegue en cascos históricos.
Mapas de cobertura, claves
Por su parte, el director de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla-La Mancha, Alipio García, ha recalcado la dificultad de extender la banda ancha en una comunidad con cientos de cascos históricos y una gran parte de territorio natural protegido. En su opinión acelerar el despliegue pasa por “diálogo, diálogo y diálogo”. En este sentido ha reconocido la colaboración de los operadores locales y del resto del sector.
En la actualidad la comunidad está preparando una normativa para agilizar la tramitación administrativa, donde las telecomunicaciones se califican de sector económico estratégico. Algo que beneficiará los despliegues.
Para García,, uno de los instrumentos más útiles para promover las telecomunicaciones ha sido un Mapa de Cobertura actualizado y con detalle de hasta pedanías. Esto permitió facilitar a 6.000 alumnos que carecían de conexión a Internet lineas de acceso donadas por todos los operadores, grandes y pequeños, con gran agilidad.
Asimismo, la comunidad se ha dotado de un Unidad de asesoramiento a ayuntamientos y de un ‘Punto de encuentro para operadores”. Este último “une oferta y demanda en el territorio canalizando peticiones de ciudadanos y municipios”.
