12 Oct El despliegue 5G en ciudades requerirá orden, acuerdos, cambios normativos … ¿y pagos?
Los ayuntamientos, preocupados por el impacto de 70.000 small cells, reclaman guías de despliegue y poder cobrar a las operadoras
La conectividad mediante 5G traerá grandes cambios y beneficios… y ahora también implica tensiones. Entre estas últimas, un problema clásico en los despliegues tecnológicos, la ubicación de los dispositivos, su gestión y su impacto medioambiental, algo que es especialmente importante en este caso porque se requerirá instalar un gran número de small cells en el mobiliario público.
Se calcula que se desplegarán unas 10 small cells por cada macro, lo que supondría unas 70.000 en toda España, aunque desde el ayuntamiento de Barcelona son más optimistas y estiman cuatro, lo que lo situaría en 30.000, según un estudio del Institut Cerdá.
Para afrontar este reto, serán necesarios algunos cambios normativos, así como acuerdos entre ayuntamientos, administraciones y operadores, para lograr ‘aterrizar’ cómo se deberán realizar los despliegues en un ‘documento de mínimos’ sobre el que se ha comenzado a trabajar ya con una reunión a petición de la RECI. Se trata de minimizar la “angustia” municipal en este aspecto, ha explicado el subdirector general de Redes y operadores de telecomunicaciones, Pedro Alonso, en las jornadas sobre el 5G organizadas por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y el Institut.
Los representantes de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, se mostraron preocupados por el impacto de los despliegues sobre sus instalaciones, y exigieron tener voz en los mismos, dado que la normativa actual permite el acceso libre a estos elementos urbanos y no contempla pagos en contraprestación. “Venimos de aberraciones en anteriores despliegues” y tenemos “miedo de que se cuelguen elementos en farolas y semáforos sin siquiera pedir permiso”, explica Jordi Cirera, del consistorio de la Ciudad Condal.
Además, las operadoras necesitarán poder evaluar los emplazamientos, pero hoy por hoy ningún ayuntamiento “tiene un inventario que le sirva a un operador, e inventariar cuesta dinero… No sólo no vamos a tener ingresos por licencias sino que nos supondrá un coste”, añade Cirera.
Desde el ayuntamiento de Madrid su subdirector general de Regulación de la Circulación, Javier Rodríguez, insistió en la necesidad de contar con “una guía muy clara” para los despliegues, en especial por las excepciones que se quieran incorporar sobre la ley de Patrimonio. Asimismo exigió “garantías de compatibilidad de las small cells con los equipos municipales críticos como los semáforos”. Y abogó por un «esfuerzo normativo» para que se establezca desde el Estado un marco económico con precios tasados que ayuden a sufragar el impacto sobre los elementos municipales.
Respecto a los cambios en la normativa para que los despliegues sean posibles, dado que en la actualidad el uso del mobiliario público choca con regulaciones preexistentes, como con la normativa de ocupación de dominio público, que obliga a renovar las concesiones cada cuatro años, algo que “nadie se plantea”; con el Reglamento de Baja Tensión, que regula la presencia de cableado en la infraestructura eléctrica local e impediría que hubiera otro para las small cells, y hasta con las cláusulas de garantía de estas estructuras (semáforos, farolas, muppies, etc.) que se pierden si, por ejemplo, se agujerean para incorporar el cableado y alimentación de los nuevos dispositivos, explica Rodríguez.
Según un estudio del Institut Cerdá presentado por Lluis Inglada, los municipios plantean tasas por instalación de equipos, por generación de actividad económica sobre dominio público, por inspecciones, por mantenimiento, o hasta para garantizar el desmantelamiento de la infraestructura en caso de que el operador quiera retirarse de la ubicación. Otra opción sería que los operadores asumieran el coste del mobiliario urbano que incorporara antenas integradas a cambio de la explotación.
Todas las partes consideran que “hay tiempo” aún hasta que lleguen los despliegues para densificar el 5G con las small cells para abordar estas cuestiones. Los representantes de Telefónica y Vodafone señalaron su disposición a llegar a acuerdos con los ayuntamientos.